Actualizaciones Económicas y Tributarias respecto del COVID-19 en Venezuela

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El pasado 13 de marzo, la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela anunció los dos primeros casos de contagio del virus COVID-19 en el país. En ese momento se decretó la suspensión de actividades escolares, que se extendió a una cuarentena general, efectiva desde el 16 de marzo, siendo el país de la región que tomó esa medida de forma más rápida, para frenar el avance de esta enfermedad en medio de una grave crisis económica, política y social.

Estas medidas mencionadas y otras para evitar la propagación del virus fueron oficializadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519 de fecha 13 de marzo con el Decreto de estado de Alarma por el COVID-19 que entre otras medidas incluye las siguientes:

  • Obligatoriedad de uso de mascarilla.
  • Suspensión de actividades laborales.
  • Suspensión de actividades escolares.
  • Suspensión de vuelos internacionales.
  • Prohibición de espectáculos públicos.

A la fecha, se han reportado oficialmente 77 casos de contagio del virus, sin ninguna víctima fatal por los momentos. De estos 77 casos, 26 corresponden al estado Miranda y 16 al Distrito Capital.

Impacto económico

El anuncio de los primeros casos de COVID-19, en Venezuela, levantó muchas alarmas, ya que una emergencia sanitaria sería nefasta en un país con bloqueos económicos y con sus ingresos cada vez más bajos por la baja producción de su principal producto que es el petróleo y la caída de los precios internacionales de este. En este sentido, para poder afrontar esto, el Gobierno venezolano sorprendió al mundo, con una solicitud de 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), después de muchos años de desprestigio a este Organismo Multilateral, pero cómo era de esperarse la solicitud fue desestimada alegando el desconocimiento que tienen como gobierno ante la comunidad internacional. No obstante, el gobierno venezolano sigue insistiendo y realizó una nueva solicitud por 1.000 millones de dólares

Desde el 16 de marzo el sector empresarial venezolano se ha paralizado totalmente, en ocasión al decreto señalado anteriormente, a excepción de la distribución y venta de alimentos y medicamentos, lo cual avivaría mucho más la crisis económica vivida desde hace años en el país.

Considerando lo anterior, el Gobierno anunció el pasado 22 de marzo una serie de medidas económicas bastante controvertidas, tales como:

  • Suspensión de los pagos de alquiler de vivienda principal y locales comerciales durante seis meses, y compensación de parte del gobierno para los arrendadores sin especificar la forma.
  • Suspensión de seis meses de los pagos de capital e intereses de todos los créditos del país,
  • Obligatoriedad de direccionar el esfuerzo de la cartera única productiva a los sectores estratégicos en el marco de la actual emergencia: Alimentos, fármacos industrial e higiene.
  • Plan especial de pagos de nóminas a las pequeñas, medianas industrias y comercios del país por parte del Estado a través del sistema "patria", por un lapso correspondiente a seis meses, comenzando desde el mes de marzo
  • Pago de bonos especiales para todos los trabajadores de la economía informal y de los sectores privados

Impacto tributario

En el aspecto tributario, esta situación llega a las vísperas de la presentación y pago de la declaración definitiva de rentas, que vence el 31 de marzo, y que por los momentos sigue vigente, junto a las demás obligaciones tributarias, ya que la Administración Tributaria no se ha pronunciado al respecto.

En este orden de ideas, la Asamblea Nacional, desconocida por el Gobierno Nacional, exige diferir este plazo con el pago de nóminas de empleados.

En este apartado la única medida tomada hasta los momentos ha sido, la exoneración de los pagos del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto de importación y tasa por determinación del régimen aduanero de los insumos médicos como mascarillas, tapabocas y otros vinculados a la prevención del covid-19.

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